Análisis del paro nacional de las madres comunitarias en Colombia

Por: Duvian Sánchez
@DuvianSanchezM

Lo que provocó el paro de las madres comunitarias fue la falta de estabilidad que tenían en sus contrataciones, ya que a muchas de ellas no les habían definido su situación debido a la no habilitación de ciertos operadores y organizaciones que manejaban los programas de primera infancia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Todo comenzó el 7 de enero de 2016 con las primeras protestas de un grupo de madres comunitarias por la cancelación del contrato de una organización para la que trabajaban con el ICBF. Las manifestaciones se presentaron en Cali y en la sede regional del Instituto en Bogotá, según informó El País de Cali.

Semana.com revela con una fuente del ICBF, que las madres comunitarias estaban protestando debido a unos operadores que se les acababa el contrato y las manipulaban diciéndoles que si dejan que se acabe el contrato, ellas perderían su trabajo. Debido a esto, el ICBF aclaró por el mismo medio que “el hecho que se cancelen esos contratos no quiere decir que ellas quedarían desempleadas, sino que pasarían a trabajar con los nuevos contratistas”.

Lo que desencadenó la protesta y las arremetidas contra el ICBF fue que se cancelara el contrato a más de 500 operadores debido a que no estaban cumpliendo con la calidad a la que tienen derecho los niños. Las acciones de las madres comunitarias no se hicieron esperar y comenzaron las protestas en las diferentes instalaciones del ICBF en diferentes territorios del país como en Atlántico y Manizales.

Este 4 de abril en la madrugada, comenzó el paro nacional con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales por parte de 1200 madres comunitarias agrupadas en el Sindicato al Cuidado de la Infancia (Sintracihobi), las cuales se encargan de atender a los niños de familias pobres. En consecuencia, se dejó de atender 16.000 niños.

Lo que se exigió se resumieron en 11 puntos, entre esos estaba; aperturas de hogares cerrados hasta la revocatoria de asociaciones que contratan con el ICBF. Entre los puntos que causaron discordia esta; “la petición para que se les vincule con contratos a término indefinido al considerar que cada año están sometidas a la “inestabilidad laboral” e inconvenientes en los pagos de la seguridad social” y la exigencia del pago de pensiones “independientemente de la modalidad en la cual se haya desempeñado la madre”. Estos dos últimos temas fue lo que dificultó la negociación, ya que para el ICBF “no hay posibilidad de una contratación directa. Así lo establece la Ley 1607 del 2012, que en el artículo 36 determinó que se adoptarían diferentes modalidades de vinculación para garantizarles un salario mínimo, “sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas”, reza el artículo.

A pesar de esta Ley, las madres comunitarias manifestaron que en el 2013, hubo un acuerdo con el entonces ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y el exdirector del ICBF Marco Aurelio Zuluaga, en la que se determinó un proceso de formalización laboral para vincularlas, “mediante contrato a término indefinido con las entidades administradoras de los servicios del ICBF. El cual incluiría todas las garantías de ley”.

En este momento, comenzó el desacuerdo debido a que el ICBF y las madres comunitarias no querían ceder. El primero no iba a negociar el punto si no se termina el paro y los segundos actores no terminarían el paro si no se comienza a resolver este punto.

Después de 11 días de paro nacional por parte de las madres comunitarias exigiendo mejores condiciones laborales, este jueves 14 de abril en la noche, se levantó el paro, mediante un acuerdo que según el ICBF tiene el objetivo de garantizar los derechos laborales para más de 58.000 madres comunitarias que atienden a 750.000 niños menores de cinco años, logrando así, la reactivación de actividades.

Los temas más importantes que se consensuaron fueron los de materia laboral, donde el ICBF se comprometió a que “las Empresas Administradoras de Servicios (EAS) tengan la obligación de contratar a las madres comunitarias vinculadas actualmente hasta el 31 de octubre del 2016” y con esas empresas “se celebrarán contratos con término de duración entre el primero de noviembre del 2016 al mes de julio del 2018”.

Con base a esto, las madres comunitarias adquirieron una serie de responsabilidades al ser contratadas "las obligaciones contractuales y las establecidas en el lineamiento técnico del programa", informó el ICBF. Además, se aclaró que las contrataciones laborales de las madres son con la entidad EAS.

También, se comenzaron a revisar el pago de las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social, caso por caso del año 2016, mediante mesas técnicas. En el caso de las madres comunitarias que tienen condiciones especiales, serán estudiadas con el ánimo de tomar acciones al respecto. El estudió lo realizarán la Procuraduría, la Defensoría, el Ministerio del Trabajo, el ICBF y un delegado del sindicato de las madres comunitarias (Sintracihobi). El tema más importante que logró hacerse en este acuerdo fue el pensional. Ya que en el documento dice “La Comisión Accidental del Senado de la República presentará el 20 de julio del 2016 un proyecto de ley, con el aval del gobierno nacional, para garantizar la seguridad social en materia pensional de las madres comunitarias, con especial énfasis en las madres comunitarias que han superado la edad de pensión y aquellas que presentan problemas de salud que les impidan la continuidad en el empleo". Para finalizar, las madres comunitarias retoman sus actividades el próximo lunes 18 de abril de 2016.

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