El grito del gobernador

Camilo Romero, gobernador de Nariño
Foto: El Tiempo
El diario El Tiempo de Bogotá, en su editorial de este lunes 24 de abril titulado “El grito del gobernador”, analizó la situación que vive el departamento de Nariño.

Estas son las reflexiones del editor del diario capitalino:

Pocas regiones del país han sufrido con dureza extrema los avatares de la guerra como el departamento de Nariño, una región próspera, de gentes de bien, con un patrimonio étnico y cultural que envidiarían muchos lugares de la geografía nacional.

En Nariño tienen asiento 1,7 millones de personas, el 10 por ciento indígena; limita con Ecuador, con acceso a las zonas montañosas de la región andina, variedad de climas y una importante salida al mar Pacífico. Su ubicación, por demás estratégica, permite el desarrollo de actividades agroindustriales a gran escala, ganadería, pesca y explotación minera.

Paradójicamente, este potencial ha jugado en contra del departamento. Su riqueza geográfica ha propiciado la conformación y asentamiento de grupos al margen de la ley, llámense guerrilla o bandas criminales. La región ha sido catalogada por organismos internacionales como una de las mayores productoras de coca en el mundo y, según un informe publicado por EL TIEMPO, es epicentro de la minería ilegal.

Con los diálogos de paz entre el Ejecutivo y las Farc, las autoridades guardaban la esperanza de que el sosiego y la tranquilidad al fin tocarían las puertas de la comunidad nariñense. Infortunadamente, no ha sido así. El costo de años de conflicto ha sido alto para la región, no solo en vidas, sino en desplazamientos, reclutamiento, colonización forzada, despojo de tierras y actividad criminal.

Medios locales han advertido –y los hechos parecen darles la razón– que la sola desmovilización de las Farc no será suficiente para generar confianza. La presencia del Eln y de bandas dedicadas al narcotráfico tiene en la mira a la Fuerza Pública y a los pobladores.

El hecho más reciente son las protestas y bloqueos que tienen lugar hace un mes en Tumaco –que se ha vuelto puerto predilecto de toda clase de mafias del narco y, desgraciadamente, rodeado de unas 17.000 hectáreas de coca–, y que dejan como saldo, hasta el momento, un policía muerto. Los cultivadores de esta planta que participan en las marchas, aupadas según las autoridades por narcotraficantes, también retuvieron a un grupo de policías, en claro desafío a la autoridad.

Con este escenario, no es gratuito el llamado angustioso del gobernador Camilo Romero, quien, en las páginas de este diario, reclamó hace poco la presencia del Estado ante lo que viene sucediendo. Su frase es lapidaria: “El valor estratégico de la región no lo ha entendido el Estado y sí lo entendió la criminalidad”.

Un problema complejo que se consolidó por años y que ahora urge atender con decisión, pero con tino. Hay raíces sociales que han propiciado escenarios que requieren una estrategia que incluya, como sugiere el gobernador Romero, la sustitución efectiva de cultivos de pequeños productores, con el apalancamiento del Gobierno Nacional, y atacar de frente las grandes extensiones vía erradicación manual.

Nariño –Tumaco en especial– no puede quedarse solo en esta lucha. El Ejecutivo lo sabe, ha desplegados ayudas, pero no son suficientes. Hablamos de una región que ha sido azotada por la violencia debido a que en ella han pelechado la coca y la ilegalidad, pero que también le apostó a la paz, y por tanto no merece un segundo capítulo de guerra fratricida.
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